La Ley 20.095 de Transparencia Fiscal de Grupos Económicos Multinacionales, promulgada en Uruguay, ha introducido cambios significativos en el ámbito de la tributación de los grupos multinacionales. Su reglamentación, emitida por la Administración Tributaria uruguaya (DGI), establece procedimientos y requisitos específicos para su implementación, con un enfoque particular en la substancia económica de estas empresas.
La substancia económica se refiere a la presencia real y operativa de una empresa en un país, más allá de una estructura meramente nominal o de papel. En el contexto de la reglamentación de la Ley 20.095, la substancia económica se convierte en un factor clave para determinar la elegibilidad de los grupos multinacionales para ciertos beneficios fiscales y para prevenir la evasión fiscal.
La reglamentación requiere que los grupos multinacionales demuestren una substancia económica genuina en Uruguay. Esto implica tener una presencia física y operativa real en el país, que va más allá de una simple oficina de representación. Las empresas deben llevar a cabo actividades económicas reales, tener empleados, activos tangibles y realizar transacciones comerciales genuinas en Uruguay.
Una de las principales características de la reglamentación es la introducción de la obligación de presentar una Declaración País por País (Country-by-Country Report) por parte de los grupos multinacionales que operan en Uruguay. Esta declaración proporciona información detallada sobre la estructura del grupo, la distribución de ingresos, beneficios, impuestos pagados y otros indicadores financieros en cada jurisdicción en la que operan.
La presentación de la Declaración País por País permite a la Administración Tributaria uruguaya obtener una visión más clara de las operaciones y la estructura financiera de los grupos multinacionales. Esto facilita la evaluación de los riesgos fiscales y la detección de prácticas de elusión fiscal. Además, la información proporcionada en la declaración también se comparte con otras jurisdicciones mediante acuerdos de intercambio automático de información.
La substancia económica se convierte en un factor determinante para acceder a beneficios fiscales, como exenciones o reducciones en impuestos específicos. Las empresas que pueden demostrar substancia económica en Uruguay pueden beneficiarse de la exención de impuestos sobre los dividendos distribuidos a sus accionistas extranjeros y acceder a tratamientos preferenciales en los acuerdos de doble imposición suscritos por Uruguay.
Además, las empresas con substancia económica en Uruguay también pueden acceder a incentivos fiscales específicos otorgados por el gobierno uruguayo. Estos incentivos pueden incluir exenciones o reducciones en impuestos específicos, como el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) o el Impuesto al Patrimonio (IP), durante un período determinado de tiempo.
En resumen, la reglamentación de la Ley 20.095 en Uruguay tiene como objetivo fortalecer la transparencia fiscal de los grupos multinacionales y prevenir la evasión fiscal. La substancia económica se convierte en un requisito fundamental para acceder a beneficios fiscales y garantizar una presencia real y operativa en el país. Los grupos multinacionales deben cumplir con los requisitos de substancia económica y presentar la Declaración País por País para demostrar su cumplimiento. Esto les permitirá acceder a beneficios fiscales, evitar la doble tributación y contribuir al desarrollo económico en Uruguay.